RECONCILIACION NACIONAL

 

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación fueron creadas en 2001, durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua, con la tarea de investigar los hechos de violación de derechos humanos ocurridos en el período 1980 – 2000 durante la guerra armada interna en el Perú.

Los protagonistas del conflicto fueron Sendero Luminoso, el MRTA, las Fuerzas Armadas y los departamentos más pobres y alejados del Perú.

Estos departamentos con poco o ningún acceso a la educación, protección y en su mayoría quechua-hablantes sirvieron de base a los grupos subversivos y fueron sometidos mediante amenazas o actos violentos, tales como coches-bomba y los llamados "ajusticiamientos".

La CVR reportó que más del 40% de total de víctimas y desaparecidos se concentró en el departamento de Ayacucho, mientras que el 85% de victimas corresponden en total a los departamentos de Junín, Huanuco, Huancavelica, Apurímac y San Martín.

Sendero luminoso es responsable del 54% de víctimas fatales durante el conflicto.

Por otro lado el MRTA, organización armada al mando de Víctor Polay Campos, fue responsable del 1.5% de las víctimas fatales en la guerra interna.

La discriminación y exclusión social de amplios sectores de la población fueron un factor fundamental para el apogeo de los grupos subversivos en nuestro país.

Los gobiernos del presidente Fernando Belaunde Terry, Alan García Pérez y Alberto Fujimori Fujimori, explica la CVR, no aplicaron estrategias integrales en el campo social, político y militar para frenar de modo eficaz a la subversión armada y al terrorismo.

El período de conflicto armado fluctuó entre 1980 y el año 2000, en ese lapso tres partidos políticos tomaron el poder del país y se enfrentaron ante este problema social y político.

La CVR afirmó también que el gobierno de Acción Popular toleró violaciones a los derechos humanos y no nombró comisiones investigadoras en los casos denunciados de las matanzas de Putis, Pucayacu y Cabitos. Por este motivo la CVR encontró responsabilidad política del gobierno de Acción Popular por su tolerancia a las violaciones de los derechos humanos y por la intención de acabar con la subversión en corto plazo, sin considerar su costo en vidas humanas.

El partido Aprista Peruano (APRA) vivió también la amenaza terrorista, durante el gobierno de Alan García Pérez, a partir de julio de 1985.

Este gobierno intentó, explica la CVR, derrotar a la subversión mediante políticas de desarrollo dirigidas a los campesinos y a las regiones más pobres.

Sin embargo, la "matanza en los penales", producida durante el gobierno aprista en los penales de Lurigancho, El Frontón fueron el inicio de la actuación más autónoma de la Fuerzas Armadas contra el terrorismo y de una guerra sin ley. La CVR encontró responsabilidad en el gobierno del PAP en estos crímenes y despreció la colaboración del gobierno en el encubrimiento de la matanza de Cayara, acto realizado por las Fuerzas Armadas.

Alberto Fujimori Fujimori, candidato independiente por el partido Cambio 90, tomó el mandó del país en 1990 bajo elecciones democráticas.

La estrategia antiterrorista del nuevo presidente fue dar carta libre a las Fuerzas Armadas para combatir la subversión. Convocó a Vladimiro Montesinos, operador de inteligencia militar para crear estrategias que derrumbaran las organizaciones subversivas.

Por estas razones la CVR encuentra responsabilida directa del gobierno la violación de derechos humanos, así como en crímenes de lesa humanidad.

Los casos de violación de derechos humanos en estos veinte años de terror en nuestro país son innumerables.

El Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (IFCVR) plantea que en el Perú sólo será posible alcanzar la reconciliación y la paz mediante el ejercicio de una justicia que juzgue y sancione a los responsables de los hechos de violencia, si se atiende y repara a las víctimas por los enormes daños ocasionados, y si se emprenden reformas del Estado destinadas a garantizar que tales sucesos no vuelvan a ocurrir.