CAYARA

 

El 13 de mayo de 1988, aproximadamente a las diez de la noche, un destacamento de Sendero Luminoso emboscó a dos camiones portatropas del ejército en Erusco –anexo del distrito de Cayara, en la provincia de Víctor Fajardo, Ayacucho– cuando regresaban a su base militar en Huancasancos. Como consecuencia del ataque senderista, murieron el Capitán de Infantería, José Miguel Arbulú, el Sargento Segundo Vargas Tamara, el Cabo Fabián Roldán Ortiz y el Cabo Santos Espinoza De la Cruz; y resultados heridos otros quince. Los subversivos se apoderaron, además, de armas y municiones.

 

Al tener conocimiento de este hecho, el Jefe Político Militar de Ayacucho, General José Valdivia Dueñas, ordenó la inmediata preparación del “Operativo Persecución” que tenía como misión realizar operaciones ofensivas, a partir del 14 de mayo, en las zonas de Erusco, Huancapi, Cayara, San Pedro de Hualla y Huancaraya; con la finalidad de capturar y/o eliminar a los delincuentes subversivos que participaron en la acción; así como recuperar el armamento, munición, equipo y material del que se apropiaron y emplearon en la acción subversiva.

 

Los hechos

Es así que, el 14 de mayo de 1988, alrededor de las nueve de la mañana, las patrullas designadas en el Plan “Persecución” –un promedio de cien efectivos– incursionaron en el pueblo de Cayara, provincia cercana a Erusco. A la entrada de esta localidad, dieron muerte a don Esteban Asto Palomino.

 

Por aquellos días, el pueblo de Cayara celebraba las festividades de la Virgen de Fátima. El personal militar, reprochando su actitud y presumiendo que éstos estaban celebrando la emboscada senderista del día anterior, procedió a detener a los comuneros, separando a los hombres de las mujeres y los niños. Luego, encerró a cinco de ellos en la Iglesia de Cayara. Las mujeres que habían sido separadas escucharon los disparos provenientes de ese lugar. Posteriormente, los cadáveres de los cinco campesinos fueron hallados por los pobladores en la zona conocida como Quinsahuayco.

 

Por la tarde, y después de informarse que la mayor parte de los cayarinos se encontraba en la localidad de Ccehua, los miembros del Ejército se dirigieron a dicho lugar. Al llegar, los militares reunieron a la población, aproximadamente 80 campesinos, entre hombres, mujeres y niños. Los pobladores fueron acusados de haber perpetrado el ataque terrorista en Erusco y fueron obligados, mediante torturas y amenazas, a entregar las armas que supuestamente habían utilizado en el ataque. Después, seleccionaron a los varones, jóvenes y adultos, y los obligaron a echarse al suelo para después torturarlos y asesinarlos en presencia de las mujeres y niños. Murieron 20 comuneros.

 

Después de hacerse pública la matanza, el presidente Alan García mostró abiertamente su respaldo a las Fuerzas Armadas por la lucha contrasubversiva que venía ejecutando a nivel nacional.

 

El terror y el contra terror

Pero las cosas no quedaron allí. En las semanas y meses siguientes, a pesar de las denuncias formuladas por algunos parlamentarios, medios de comunicación, organizaciones defensoras de los derechos humanos y el fiscal a cargo de la investigación, los testigos fueron sistemáticamente asesinados, así como algunos presuntos senderistas denunciados por un informante anónimo.

 

Es así que, el 18 de mayo de 1988, efectivos militares instalados en Erusco detuvieron a Jovita García, Alejandro Echeccya y Samuel García y los llevaron hasta un paraje en la parte alta de esta comunidad donde fueron asesinadas.

 

Al mes siguiente, efectivos del Ejército regresaron a Cayara para secuestrar a Guzmán Bautista, Gregorio Ipurre, Humberto Ipurre, Benigna Palomino y Catalina Ramos. Los dos primeros fueron testigos de la masacre ocurrida el 14 de mayo pasado y los otros tres eran padre, madre y hermana del detenido Ipurre. Guzmán Bautista habría hablado con las delegaciones de parlamentarios y con la revista “Caretas” acerca de lo ocurrido en Cayara.

 

En diciembre de ese año, Justiniano Tinco, Fernandina Palomino y Antonio García, también testigos de la matanza, fueron asesinados por personas encapuchadas quienes detuvieron el camión donde se trasladaban, cerca de la comunidad de Cayara.

 

En setiembre de 1989, un año y cuatro meses después de la primera masacre, la última testigo importante que quedaba, Marta Crisóstomo, fue asesinada a manos de encapuchados que vestían uniforme militar.