MATANZA DEL FRONTON

El 19 de junio de 1986, se produjo el más siniestro operativo de exterminio en los penales de El Frontón, Lurigacho y Santa Bárbara. 254 internos fueron ejecutados extrajudicialmente. Los amotinados denunciaron un intento de genocidio bajo pretexto de traslado a una prisión de alta seguridad y régimen estricto en Canto Grande.

El levantamiento

En la madrugada del 18 de junio de 1986, los internos de Sendero Luminoso iniciaron un motín en el Pabellón Azul de la isla penal de El Frontón, en el Callao. Simultáneamente, se realizaron motines en el penal de San Juan de Lurigancho y en el Penal de Mujeres Santa Bárbara. Los hechos sucedieron cuando se desarrollaba en Lima una conferencia mundial de la Internacional Socialista, a la que asistían más de un centenar de dirigentes políticos del mundo, entre ellos veintidós presidentes y representantes de setenta partidos políticos, y cerca de quinientos periodistas extranjeros.
Los amotinados denunciaron un intento de “genocidio” bajo el pretexto del traslado a una prisión de alta seguridad y régimen estricto en Canto Grande. Este “genocidio”, manifestaron, sería en venganza por el asesinato, a manos de SL, del contralmirante Carlos Ponce Canessa, ex jefe del Servicio de Inteligencia de la Marina de Guerra, el 5 de mayo de ese año. Los internos tomaron de rehenes a miembros del personal penitenciario y de la Policía encargados de la custodia de los penales. A pesar del esfuerzo de diferentes autoridades por solucionar pacíficamente la crisis, no se pudo concretar ningún acuerdo debido a que el Gobierno les restringió el acceso

Los hechos ocurrieron mientras se realizaba una Conferencia Mundial de la Internacional Socialista a la que asistían más de un centenar de dirigentes políticos del mundo, entre ellos, 22 presidentes y representantes de 70 partidos políticos y cerca de 500 periodistas extranjeros. Simultáneamente, se realizaron motines en los penales de Lurigancho y Santa Bárbara.

En el Frontón, la Marina de Guerra a cargo del Almirante(r) Luis Giampietri Rojas, tuvo a su cargo el develamiento del motín. Los prisioneros habían tomado de rehenes a tres miembros de la Guardia Republicana. El Ministro del Interior, Agustín Mantilla, llegó a la Isla por orden del presidente Alan García. Mantilla es quien suspende el diálogo
con los internos.

En la matanza, la Marina utilizó ­además del armamento tradicional dinamita, bazucas, granadas y explosivos de alto poder como el C3. Con ello lograron demoler el Pabellón Azul. Tras la rendición, los internos fueron seleccionados y luego ejecutados a balazos. Los ‘testimoniantes’, en entrevista al Diario La República (25/06/03), sostuvieron que Agustín Mantilla se encontraba en el lugar durante la operación y que la Marina les asignó un radio operador mediante el cual se comunicaba durante todo el tiempo con un superior que los declarantes no pudieron identificar. "No sabemos a quién Mantilla le daba parte de los hechos. Tenía un radio operador asignado. Todo el tiempo estaba con un radiotransmisor en la mano, dando cuenta de lo que sucedía", dijo uno de ellos. Todo indicaría que la eliminación de los terroristas rendidos fue también de conocimiento de Mantilla.

Los cadáveres de los prisioneros de Lurigancho fueron regados en cementerios desde Cañete hasta Barranca. En el caso de El Frontón, los pocos cuerpos o pedazos de ellos que aparecieron fueron dejados en los cementerios de San Bartolo y Pachacámac. De los desaparecidos, nunca más se supo. El año 2000, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia responsabilizando al Estado Peruano de la matanza en el Frontón. Actualmente el caso está entrampado en la Fiscalía por la lentitud del Fiscal Mario González, de quien se sabe tiene simpatía aprista.

Más de doscientos internos acusados o sentenciados por terrorismo perdieron la vida durante los motines que protagonizaron en los penales de Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara, el 18 y 19 de junio de 1986. Los agentes del Estado emplearon para su debelamiento el uso deliberado y excesivo de la fuerza contra los reclusos quienes, una vez rendidos y controlados, fueran ejecutados extrajudicialmente.

Un antecedente importante a esta matanza fue la agitada situación que se vivía en los penales en los meses precedentes, básicamente en aquellos en los que se encontraban los internos por delito de terrorismo. De acuerdo con las opiniones de la época, la ausencia de mínimas condiciones de vida en las cárceles, la lentitud de los procesos judiciales y el maltrato sistemático a los internos caracterizaban la situación penitenciaria y el sistema judicial.