LA MASACRE DE LA CANTUTA

 Secuestro y muerte de 10 personas.

En la madrugada del 18 de julio de 1992, 2 días luego de la explosión del coche bomba en la céntrica calle miraflorina de Tarata, miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército así como de la Dirección de Inteligencia del Ejército, muchos de los cuales supuestamente pertenecían al recientemente establecido Grupo Colina, entraron a las residencias de la Universidad Enrique Guzmán y Valle.

Una vez dentro, las tropas forzaron a todos los estudiantes a salir de sus habitaciones y echarse boca abajo en el piso. Nueve estudiantes, sospechosos de estar conectados a la explosión de Tarata, – Bertila Lozano Torres, Dora Oyague Fierro, Luis Enrique Ortiz Perea, Armando Richard Amaro Cóndor, Robert Édgar Teodoro Espinoza, Heráclides Pablo Meza, Felipe Flores Chipana, Marcelino Rosales Cárdenas, y Juan Gabriel Mariños Figueroa – fueron separados de los demás y llevados aparte. Mientras tanto, en las residencias de los profesores, un grupo de soldados irrumpió a la casa del profesor Hugo Muñoz Sánchez. Luego de registrar su dormitorio, se llevaron al profesor. Ninguna de las diez víctimas fue vuelta a ver.

Ante la presión del pueblo, el periodismo, los padres de los afectados, las autoridades de La Cantuta y los estudiantes de dicho centro, el Comandante General del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Nicolás Hermoza Ríos, al quedar sin escapatoria, admitió que el 18 de Julio de 1992 las fuerzas armadas llevaron a cabo una incursión en la Universidad La Cantuta por orden del Alto Comando porque "habían sospechas fundadas que en ese lugar se ocultaban terroristas". La admisión de la responsabilidad de los cuerpos armados por parte de Hermoza Ríos no fue suficiente pues en ningún momento este militar dio razón del paradero de los afectados por la mencionada incursión ni, tampoco, de los miembros de las fuerzas armadas causantes de las desapariciones. Cínicamente enfatizó que no había detenidos. Las declaraciones de Nicolás Hermoza Ríos generaron el repudio general y provocaron una división marcada de opiniones en el seno de las fuerzas armadas, hasta el punto que dichas opiniones se filtraron hacia el conocimiento público.

Día a día circulaban comentarios que causaban dolor y pena en unos y la repulsa de otros y se murmuraba con insistencia la oposición de un grupo de generales a Hermoza Ríos. Cuando ello sucedía, el 3 de abril de ese año, apareció en escena un grupo llamado "León Dormido" cuyos miembros hicieron llegar informes detallados a varios representantes del Congreso Constituyente Democrático en los que se consignaba el rapto o ilegal detención, asesinato y, también, ilegal sepultura de la diez personas de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, todo ello ejecutado por el escuadrón de la muerte llamado grupo Colina. El congresista Henry Pease se encargó de formular la denuncia que dio lugar a la formación de una comisión investigadora salida de la Comisión de Derechos Humanos del propio Congreso Constituyente Democrático.

El general Rodolfo Robles describió con lujo de detalles la operación del grupo Colina en La Cantuta, descripción muy aproximada a las proporcionadas por el denominado grupo "León Dormido", lo que indicaría que Robles pertenecía a un grupo dentro de las fuerzas armadas dispuesto a terminar con la aterradora represión militar.

Todo esto dio origen en el Congreso Nacional a las detestables legislaciones de los fujimoristas que culminaron en la dación de la Ley La Cantuta. Primeramente la mayoría parlamentaria constituida por Cambio 90, partido del presidente Alberto Fujimori Fujimori, aprobó un proyecto de ley que restringía el campo de investigación de la Comisión Investigadora del Congreso. Dicho instrumento prohibía tomar testimonios a aquel personal subalterno de las fuerzas armadas bajo sospecha de haber participado en la ejecución del secuestro y muerte de diez personas vinculadas a la Universidad Enrique Guzmán y Valle en La Cantuta y solamente los oficiales del alto comando castrense quedaban autorizados para ello. Así, la oficialidad superior evitó que algún subalterno implicado hiciera declaraciones comprometedoras como aquellas del subteniente Hurtado en relación con la masacre de Accomarca. Estas fueron disposiciones que servirían de protección en la comisión de futuros delitos contra los derechos humanos.

En respuesta a esta acusación y haciendo eco de las declaraciones de Hermosa Ríos de que no habían detenidos, la mayoría del Congreso (Cambio 90) aprobó el informe de los miembros de la comisión presentado en minoría que relevaba la teoría del "autosecuestro" que un tiempo después utilizaría la congresista fujimorista Martha Chávez para justificar la tortura contra la ex agente Leonor La Rosa. La bancada oficialista del Congreso, finalmente, rechazó la moción que presentaron la mayoría de los integrantes de la comisión investigadora.