Durante los últimos decenios el Perú ha experimentado una serie de crisis de gobernabilidad democrática. Las demandas de la sociedad peruana desbordaron la capacidad de las organizaciones gubernamentales, las instancias legislativas, el sistema jurídico, los partidos políticos, las empresas privadas, los sindicatos, las fuerzas armadas, entre otras instituciones.
No sólo ha habido un desfase entre la capacidad de las instituciones para procesar y responder a las demandas sociales, económicas y políticas de la población sino que también hemos experimentado un rápido crecimiento demográfico lo que llevó a multiplicar dichas demandas.
Estos desfases se agravaron hacia fines de los ochenta cuando el terrorismo, la hiperinflación, la atrofia del Estado, la parálisis empresarial, la corrupción y el desorden amenazaron con socavar los fundamentos de la nación peruana. La incertidumbre y la angustia crearon el deterioro institucional y la crisis de gobernabilidad provocaron desconfianza generalizada, principalmente, hacia las organizaciones políticas y el aparato estatal.
Durante los primeros años de la década de los noventa se llevaron a cabo algunos avances en relación a las reformas estructurales; sin embargo, estos avances no fueron sostenibles en el tiempo y los procesos se estancaron o incluso revirtieron. La crisis política e institucional, la corrupción a gran escala, el grave retroceso institucional, y las altas tasas de pobreza e informalidad generaron cuestionamientos y desconfianza en la población peruana.
Para avanzar con el diseño y puesta en práctica de las estrategias de desarrollo viable y sostenido es necesario lograr un balance entre los protagonistas de la gobernabilidad y desarrollo, caracterizado por un equilibrio entre las acciones del Estado, las fuerzas del mercado y la gran variedad de organizaciones de la sociedad civil, así como por una subordinación efectiva, mas no sumisa, de las fuerzas armadas al poder civil.
Con el fin de emprender nuevas reformas, culminar las reformas encaminadas y garantizarles sostenibilidad, Concertación Descentralista. a fin de responder al desafío de crear un Estado democrático, representativo, descentralizado, participativo y eficaz; una economía donde haya empresas eficientes y competitivas; y organizaciones de la sociedad civil, activas y responsables.